Demandas contra el Estado por hechos que causan daños y perjuicios, responsabilidad, actos administrativos ilegales o inconstitucionales, representación de entidades públicas y de particulares en asuntos jurídicos relacionados con la administración pública; preparación y análisis de actos administrativos; impugnación administrativa y judicial de actuaciones administrativas; litigios electorales, servicios públicos, litigios relacionados con derechos colectivos y acciones de grupo, acción de tutela, acción de cumplimiento.